C.Valenciana pide al TS suspender cautelarmente el decreto de reparto de menores migrantes
Camarero subraya que la ocupación del sistema en la Comunitat está al 160% y lamenta la financiación calculada por el Ejecutivo
El Gobierno de la Comunitat Valenciana ha anunciado que presentará un recurso judicial ante el Tribunal Supremo para solicitar la suspensión inmediata del Real Decreto promulgado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, referente a la distribución de menores migrantes no acompañados. Este movimiento legal busca "evitar un traslado inadecuado y masivo" de estos menores.
La portavoz del Consell y vicepresidenta primera, Susana Camarero, ha detallado esta decisión en una rueda de prensa posterior a la reunión plenaria del Gobierno autonómico. Según Camarero, el Consell ha delegado a la Abogacía General de la Generalitat la tarea de interponer un recurso contencioso-administrativo contra el mencionado decreto, el cual establece la capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela para menores extranjeros no acompañados en las distintas comunidades autónomas.
- Recurso legal contra el Real Decreto
- Críticas al decreto del Gobierno central
- Impacto en el sistema de protección de la Comunitat Valenciana
- Respuesta a la distribución de menores por los ayuntamientos
Recurso legal contra el Real Decreto
De acuerdo con Camarero, el Consell ha dado luz verde a la Abogacía General para presentar un recurso contencioso-administrativo contra la norma que aprueba la distribución de menores de edad migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas. "El Consell va a proceder a impugnar 'todas y cada una' de las normas aprobadas por el Gobierno central en relación con este asunto", ha afirmado. Esto incluye un recurso ante el Constitucional por considerar la norma inconstitucional, seguido de una apelación al Tribunal Supremo.
Críticas al decreto del Gobierno central
Camarero ha subrayado que la implementación del decreto por parte del Ejecutivo constituiría una "infracción del ordenamiento constitucional de distribución de competencias", además de afectar las competencias propias de la Generalitat en áreas de asistencia social y protección de menores. Asimismo, ha señalado una "injerencia en el principio de autonomía financiera", ya que el Gobierno busca distribuir a los menores sin una planificación adecuada ni la asignación de recursos suficientes.
Impacto en el sistema de protección de la Comunitat Valenciana
La vicepresidenta ha destacado que el decreto no consideró la información proporcionada por las comunidades autónomas sobre la capacidad de sus sistemas de protección de menores. Además, criticó que no se sometió la norma a la aprobación de la conferencia sectorial, "incumpliendo el primer extremo de la norma".
"La Comunitat es una comunidad solidaria pero también es una comunidad responsable respecto a la atención y a la protección de los menores migrantes no acompañados. Tenemos un sistema de protección que reúne los más altos estándares de calidad y no queremos que esta decisión arbitraria, injusta e inconstitucional, desde nuestro punto de vista, rompa ese sistema", ha manifestado.
Camarero ha asegurado que, debido a su ubicación geográfica, la Comunitat Valenciana recibe menores migrantes no acompañados por diversas rutas. "Ayer mismo, en la última patera que llegó a Alicante, hay un menor que ya está en nuestro sistema de protección. Llegan por pateras, están llegando permanentemente, este verano han llegado distintos menores. También llegan por comunidades vecinas que, a su vez, envían a pateras a otras regiones y también están llegando a nuestros sistemas de protección a través de entidades sociales", añadió.
Asimismo, afirmó: "Somos una comunidad solidaria pero también una comunidad tan responsable que, al haber aumentado el número de menores que han llegado a nuestra comunidad que necesitaban esa protección en los últimos años, hemos incrementado en 122 nuevas plazas".
"No se nos puede achacar de insolidaridad cuando las plazas en el sistema se han incrementado respecto a las plazas que tenía el Botènic en 122, lo que supone un 62% de plazas más de las que existían con el Gobierno anterior. Y todo esto financiado a pulmón por la Comunitat porque el Gobierno no paga estas plazas", subrayó Camarero.
Calculó que el coste anual asciende a 23 millones de euros. "Contamos en la Comunitat con 1.720 plazas de atención residencial de protección de menores, incluyendo a los migrantes no acompañados. Y la ocupación media de nuestro sistema está cercana al 160%", afirmó.
Estos datos, según Camarero, demuestran que la aplicación automática de la fórmula "ideada y calculada" por el Gobierno no se ajusta a la capacidad ordinaria ni a la real del sistema de protección en la Comunitat Valenciana. "El sistema de protección de menores de la Comunitat no tiene hoy capacidad para acoger a esos 571 menores que Sánchez ha decidido enviarnos con un fondo de 7,4 millones", lamentó.
"Los 7,4 millones de euros entre los 571 menores que nos van a trasladar da una media de 75 euros al día, pero, sin embargo, el coste real en nuestro sistema es de 218 euros al día. Por lo tanto, el Gobierno no está asumiendo la financiación de los menores que nos quiere trasladar a la Comunitat", añadió Camarero.
Concluyó: "El sistema de protección actual se pone en riesgo con esta decisión y, por eso, vamos a ir pidiendo a los tribunales, en este caso al Supremo, una suspensión cautelar de las medidas que puedan llevar a un traslado inadecuado y masivo de menores".
Respuesta a la distribución de menores por los ayuntamientos
Al ser consultada sobre la estrategia seguida para enviar cartas a los ayuntamientos respecto a la capacidad de acogida de los menores, Camarero explicó que se ha remitido la información a municipios con más de 10.000 habitantes, y "se trata de una información, de abrir una vía de diálogo, no es una imposición".
Según señaló, la carta ha sido enviada a todos estos municipios independientemente de su color político. Sin embargo, expresó su sorpresa ante la falta de interés de los ayuntamientos socialistas en participar en el proceso. "Hay alcaldes que han despotricado directamente. Es chocante e incoherente que no quieran cooperar, coordinarse y que no hayan puesto a disposición en su contestación ni un solo recurso para acoger a estos menores. Solo un ayuntamiento gobernado por el PSPV me ofreció dos viviendas, el de Villareal", afirmó.
Asimismo, consideró que los ayuntamientos del PSPV "dan la espalda a los menores que pudieran llegar a la Comunitat en el reparto que Sánchez ha decidido". "Sus respuestas son más o menos las mismas. Por ejemplo, dicen que no tienen recursos pero que les parece bien el reparto, que es equitativo y que está suficientemente financiado. Así que dicen que es equitativo que a País Vasco y Cataluña no lleguen menores y sí a la Comunitat, es decir, que haya comunidades de primera y de segunda". "Hemos detectado respuestas ideológicas y poco humanas", lamentó.
En relación a los ayuntamientos gobernados por el PP, la vicepresidenta indicó que han expresado comprensión ante la dificultad y han denunciado la política migratoria del Gobierno. También han ofrecido, según comentó, una coordinación interinstitucional. "No se quejan de la carta. Todas las quejas llegan por parte de los ayuntamientos socialistas, que no tienen interés en coordinarse con la Generalitat y que no ofrecen recursos", insistió Camarero.
Ante la pregunta sobre por qué algún municipio como Altura, con 4.000 habitantes, también recibió la carta pese al criterio de los 10.000 habitantes, Camarero apuntó que probablemente se trató de un error.
