El Instituto Coordenadas pide una regulación específica del kéfir en España para evitar la confusión del consumidor

El Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada reclamó este miércoles la elaboración de una regulación específica para el kéfir en España que permita establecer criterios homogéneos sobre su elaboración, etiquetado y comercialización, al considerar que el rápido crecimiento de esta categoría alimentaria está generando una creciente complejidad para los consumidores.

La petición forma parte del informe especial ‘Kéfir: un éxito comprometido’, presentado por el Instituto Coordenadas, en el que se alerta de que actualmente conviven bajo la misma denominación productos elaborados mediante procesos tecnológicos y fermentativos diferentes sin que exista una norma española específica que permita identificar con claridad dichas diferencias.

Según el estudio, esta situación contrasta con la existente en otras categorías alimentarias como el yogur o el vinagre, que cuentan con marcos regulatorios claramente definidos y permiten al consumidor conocer con precisión las características del producto que adquiere.

El informe señala que la expansión del mercado del kéfir constituye una evolución positiva para el sector alimentario, pero advierte de que la ausencia de una definición pública y homogénea puede generar incertidumbre, favorecer interpretaciones divergentes sobre la categoría y dificultar la capacidad de elección informada de los consumidores.

El Instituto Coordenadas considera especialmente relevante que la futura regulación española tome como referencia las experiencias regulatorias existentes en otros países europeos. En este sentido, destaca el caso de Alemania, donde la normativa diferencia entre el denominado 'Kefir' tradicional y el 'Milder Kefir' o 'kéfir suave', permitiendo la coexistencia de distintas formas de elaboración siempre que el consumidor disponga de información clara y transparente.

El estudio analiza el creciente protagonismo de las certificaciones privadas utilizadas por algunos operadores industriales del sector para respaldar determinadas características de sus productos. Aunque reconoce su utilidad como herramientas de verificación de estándares concretos, recuerda que ninguna certificación privada puede sustituir el papel que corresponde a las autoridades públicas en la definición oficial de una categoría alimentaria.

El vicepresidente ejecutivo del Instituto Coordenadas, Jesús Sánchez Lambás, afirmó que “el consumidor tiene derecho a saber exactamente qué está comprando y bajo qué criterios se ha elaborado. La transparencia exige reglas públicas, comparables y verificables para todos los operadores. No podemos permitir que la definición práctica de una categoría alimentaria dependa de interpretaciones privadas o de la capacidad de influencia comercial de quienes compiten dentro de ella”.

Sánchez Lambás añadió que “España ya dispone de modelos regulatorios exitosos en productos fermentados como el yogur". "Ha llegado el momento de abrir un debate técnico y riguroso sobre el kéfir que permita ofrecer seguridad jurídica a los fabricantes, proteger al consumidor y acompañar el crecimiento de una categoría que seguirá ganando relevancia en los próximos años”.

El informe propone la apertura de un proceso de análisis técnico y regulatorio que permita definir cuestiones como los fermentos y cultivos admisibles para utilizar la denominación kéfir, las diferencias entre kéfir tradicional y kéfir suave, las condiciones mínimas de elaboración y fermentación, además de los requisitos de etiquetado y los criterios para el uso de alegaciones como “tradicional”, “original” o “auténtico”.

El Instituto Coordenadas también anunció que trabaja ya en una segunda edición del informe, prevista para septiembre, que incorporará un análisis comparado de productos comercializados en España, sus etiquetados, alegaciones publicitarias y referencias regulatorias internacionales.

Para el Instituto, la cuestión de fondo trasciende el ámbito estrictamente alimentario y afecta a la propia gobernanza de los mercados. “Cuando una categoría crece sin una definición pública suficientemente clara, el riesgo no es únicamente regulatorio. También es un riesgo para la confianza del consumidor”, concluye el informe.