Marcha en el centro de Valencia por el derecho a la vivienda "El precio es impagable"
Una movilización ha atravesado este sábado el centro de la ciudad de Valencia para reclamar el derecho a una vivienda digna y denunciar la "inacción política" de los gobiernos estatal, autonómico y local.
La convocatoria también ha puesto el foco en la continuidad del Escudo Social, que expira el 31 de diciembre. Según se ha advertido, si no se prorroga, desde el 1 de enero de 2026 comenzaría "la terrorífica cuenta atrás del desahucio para 60.000 familias en todo el Estado, 5.000 en la Comunitat Valenciana y casi 900 en la ciudad de València".
La marcha ha sido impulsada por Juntes per l'Habitatge, València no está en venda y Acord Social Valencià, con el objetivo de presionar a las administraciones para que adopten medidas inmediatas y coordinadas.
- Recorrido de la protesta en el centro de Valencia
- Reivindicaciones sobre precios, desahucios y Escudo Social
- Lectura del manifiesto y propuesta de plan de choque
- Posición de la Generalitat y medidas anunciadas
Recorrido de la protesta en el centro de Valencia
La manifestación, bajo el lema 'Por el derecho a la vivienda, ¡ahora!', ha arrancado en la Plaza de San Agustín y ha finalizado en la Plaza de la Virgen. En ella ha participado Pablo Ramos, portavoz de Juntes per l'Habitatge.
Durante el trayecto se han coreado consignas como 'Ni casa sin gente ni gente sin casa', 'Basta ya, ningún desahucio más', 'Hay niños en la calle y no le importa a nadie', 'Valencia no se vende' o 'Vergüenza me daría desahuciar a una familia', entre otras.
Reivindicaciones sobre precios, desahucios y Escudo Social
Pablo Ramos ha señalado que el precio de la vivienda en València es "impagable e inasumible" y ha afirmado que los desahucios "cada vez más son mayores". En ese contexto, ha avisado: "Estamos ante un gran peligro: que el Escudo Social termine siendo una bomba social".
El portavoz ha indicado que las movilizaciones se mantendrán "constantes" hasta lograr "algún acercamiento" con las administraciones. También ha explicado que se han producido reuniones "varias veces" con el Ejecutivo autonómico, aunque, según ha dicho, "todas las propuestas han sido rechazadas" con un "no contundente", y ha añadido que el consistorio "se ha negado" a recibirles.
Ramos ha remarcado que las entidades convocantes no persiguen intereses distintos a que la ciudadanía pueda acceder a una vivienda digna. En esa línea, ha insistido en que seguirán presentes en la calle hasta que se apliquen las medidas reclamadas.
"GOBIERNE QUIEN GOBIERNE"
El portavoz ha subrayado que el problema de la vivienda afecta al conjunto del Estado y ha lamentado que, a su juicio, se mantiene "gobierne quien gobierne". En su valoración, la vivienda "se está dejando en un plano secundario".
Además, ha avanzado que "habrá más manifestaciones" y ha pedido a las administraciones que "trabajar conjuntamente", al considerar que "prácticamente, no existe ese trabajo". Según ha concluido, "El derecho a la vivienda no es una aspiración, sino un derecho. Por ello, hace falta que todas las administraciones, sin excepción ni excusas, asuman su responsabilidad directa e implementen, de forma inmediata y de acuerdo con los movimientos sociales, vecinales y sindicales, los instrumentos necesarios para su garantía. La sociedad exige hechos y los necesitamos ahora".
Lectura del manifiesto y propuesta de plan de choque
Al término de la marcha, en la Plaza de la Virgen, se ha leído un manifiesto que califica de "gravísima" la situación que dificulta el acceso a la vivienda. En el texto se han señalado las "responsabilidades" de las administraciones locales, autonómicas y estatales, así como de los partidos políticos.
El manifiesto también ha reclamado un Plan de Choque con medidas "necesarias, concretas y consensuadas" con los movimientos sociales, vecinales y sindicales, con el fin de abordar el problema de raíz y avanzar en un derecho que se considera esencial.
"GRAVÍSIMA Y DRAMÁTICA SITUACIÓN"
Entre las exigencias, se ha reiterado la prórroga y mejora del Escudo Social que finaliza el 31 de diciembre y que, si no se prorroga y mejora, supondrá que a partir del 1 de enero de 2026 se inicie la terrorífica cuenta atrás del desahucio para 60.000 familias en todo el Estado".
El documento ha descrito una situación "dramática" al señalar que "los desahucios se mantienen" y que los alquileres "son cada vez más inaccesibles". Además, se ha denunciado el uso de viviendas y territorio como un bien de mercado sujeto a la especulación, la expulsión de vecinos de sus barrios, la expansión de apartamentos turísticos sin control real, el aumento del acoso inmobiliario y la falta de un parque público suficiente.
El manifiesto ha defendido que la vivienda es un derecho social y también un derecho de ciudadanía, de pertenencia a un pueblo y a una comunidad. También ha advertido de las consecuencias de vivir sin acceso a un hogar o bajo la amenaza constante de perderlo, y ha pedido respeto para los barrios y el territorio para que cualquier actuación no genere riesgos, "como ha ocurrido con la dana".
Asimismo, se ha afirmado que la vivienda afecta a todas las personas, desde familias que no llegan a final de mes hasta quienes afrontan una hipoteca "desproporcionada". En la misma línea, se ha indicado que "sin vivienda, no hay igualdad de oportunidades" y que resulta difícil asegurar empleo estable, educación de calidad o salud mental si no existe un hogar seguro.
El texto ha añadido que "sin vivienda, no hay igualdad de oportunidades" y que resulta difícil asegurar empleo estable, educación de calidad o salud mental si no existe un hogar seguro.
El texto ha añadido que defender la vivienda implica defender los barrios, su comercio local, la convivencia y la vida urbana, y ha señalado que la saturación turística, la especulación y el abandono institucional están rompiendo comunidades.
También se ha insistido en que se trata del lugar donde crecen hijos e hijas, se cuida a las personas mayores y se construyen relaciones cotidianas.
Por último, se ha remarcado que el derecho a la vivienda no debería ser una ideología, sino una necesidad básica reconocida por la Constitución y por acuerdos internacionales firmados por el Estado, y que exigir su cumplimiento es un acto democrático, legítimo y responsable.
En ese marco, se ha enfatizado: "Cada vivienda vacía en manos de fondos especulativos mientras miles de familias sufren angustia es un fracaso colectivo que no podemos normalizar", y se ha rematado con la idea de que "La vivienda no tiene que ser un privilegio al alcance de unos pocos, sino la base de una vida digna para todos y todas".
Posición de la Generalitat y medidas anunciadas
"EL PROBLEMA ES LA FALTA DE OFERTA"
Desde la Generalitat se ha asegurado que se avanza hacia soluciones con políticas integrales y se ha situado el origen del problema en "falta de oferta". También se ha afirmado: "Ante la demostrada incapacidad del Gobierno de España en política de vivienda, y tras ocho largos años de sequía en la construcción de nuevas viviendas asequibles para las personas en esta Comunitat, lo que desde la Generalitat estamos haciendo es dar pasos firmes y reales para mejorar las oportunidades de acceso a la vivienda".
El Consell ha explicado que trabaja en la activación de suelo, en poner viviendas en el mercado, en rebajas fiscales del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y en avales para jóvenes con el fin de facilitar el acceso a la vivienda.
Además, ha indicado que se sigue actuando para ofrecer seguridad a los propietarios y favorecer que incorporen sus inmuebles al alquiler.
Según los datos aportados, en dos años se han impulsado más de 4.400 viviendas de protección pública.
La Generalitat ha detallado que, si se observan las calificaciones provisionales de VPP, en 2022 —último año del Botànic— se solicitaron 258, mientras que, tras un año de vigencia del decreto VPP, se han pedido 1.344 calificaciones.
Por último, el Ejecutivo autonómico ha señalado que ha diseñado un plan contra la ocupación ilegal sustentado en tres ejes: "prevención, intervención inmediata y protección a las víctimas".
